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Editorial Ciudad Nueva
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El canon digital ha sido tema de debate generalizado en internet desde el año 2003, desde que las sociedades gestoras de derechos de autor y la Asociación de Empresas del Sector TIC, las Comunicaciones y los Contenidos Digitales (ASIMELEC) firmaran un acuerdo privado para obligarnos a pagar por utilizar equipos y dispositivos digitales. En aquel momento, la Asociación de Internautas que preside VÃctor Domingo impugnó el acuerdo ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, el cual desestimó que esta tarifa pudiera suponer un obstáculo a la libre competencia en el mercado de soportes digitales. También acudió al Instituto de Consumo, pero éste entendió que los obligados al pago eran productores y distribuidores, y que los consumidores no se iban a ver afectados.
En 2006 el Parlamento decidió incluir en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual un mandato que atribuÃa a los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio la regulación del sistema de recaudación del canon digital, para determinar la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de compensación equitativa por copia privada, asà como las cantidades aplicables a cada uno de ellos.
El 19 de junio de 2008 se publicaba en el BOE la Orden PRE /1743/2008 que regulaba libremente las tarifas del canon. El 30 de julio de 2008, la Asociación de Internautas anunciaba el recurso contencioso ante la Audiencia Nacional.
En este camino, las reclamaciones de la Asociación de Internautas y la Plataforma «Todos contra el canon», y las de todos los ciudadanos particulares que no se conforman con «el canon se paga y ya está; a quien no le guste que se aguante» –expresión que hizo pública el actual presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en noviembre de 2008– pusieron a trabajar al Estado de Derecho. Se trataba de frenar arbitrariedades millonarias que estaban enriqueciendo intereses privados a costa de todos. Y las primeras respuestas de juzgados de primera instancia (particulares) y de lo mercantil (personas jurÃdicas), sentenciaron la obligatoriedad de devolver el canon digital en los supuestos en los que quedase «suficientemente acreditado que el destino o uso final» de los dispositivos no fuera la copia privada. TÃmidamente, los juzgados españoles mostraron que las reivindicaciones ciudadanas en materia del canon digital no eran fruto del capricho de cuatro indocumentados, pero nada cambiaba. Al contrario, quienes defendÃan los derechos de autor continuaban su intercambio de intereses con los polÃticos, cada vez más fuertes y más ricos.
