La política ha sido una de mis asignaturas pendientes durante muchos años. Tuve que aparcar mi implicación en política porque mis ocupaciones laborales, familiares y sociales me lo impedían. Y menos mal, porque entonces no veía otra forma de hacerlo que militar en un partido. Había estado durante unos años en agrupaciones de barrio y municipales que llaman «de participación ciudadana», pero comprobé que estaban teledirigidas y tuteladas por militantes de partidos que apenas dejan poca cosa para decidir: el nombre de una calle o el de un centro social, una pequeña parte del presupuesto municipal... Así que abandoné ese camino.

En 2016, a raíz de los acontecimientos en Cataluña, empecé a buscar cauces para dedicar algún tiempo a esa asignatura pendiente. Quería comprender por qué se dividían las familias, por qué amigos de toda la vida se volvían irreconciliables, por qué miembros de una misma asociación religiosa no podían hablar de ciertos temas… Necesitaba alguna explicación y empecé a formarme más seriamente. He leído mucho, escuchado conferencias, participado en iniciativas, hablado con unos y otros en tertulias de amigos, en las redes sociales. En Twiter llegué a tener más de 40.000 twits con preguntas, aclaraciones, denuncias de cosas que me parecen injustas. Ingenuamente pensaba que uno puede influir en el pensamiento haciendo eco a algunos políticos, o apoyando iniciativas que me parecían adecuadas. Siempre he tratado de salvar a la persona, pensando que los errores se deben más a desconocimiento que a mala voluntad.

Creo que hay que escuchar las iniciativas del otro y hablar de ideas políticas. No siempre las comparto, y a veces ni las comprendo, sobre todo si se basan en argumentos dogmáticos que imponen estructuras a mi entender viciadas porque no están en la sociedad civil, sino que participan de los presupuestos generales del Estado y desde ahí quieren imponer un modo de entender la vida. Con todo reconozco que muchas iniciativas, aun partiendo de estructuras viciadas, acaban siendo buenas.

Le doy vueltas a la idea de que, para tener capacidad de decisión en las leyes y normas que atañen a todos, habría que pasar de la oligarquía de los partidos a una verdadera democracia. Por experiencia sé que los partidos han impuesto normas sociales que poco a poco se han transformado en normas morales, en muchos casos de obligado cumplimiento, logrando una versión actualizada de la máxima Cuius regio, eius religio1, o sea, la religión del príncipe se aplica a todos sus súbditos. ¿Quién fija los impuestos a la luz o la gasolina y su destino?, ¿quién fija los tramos del IRPF o la cuota de autónomos?, ¿quién decide el destino de lo que me restan del sueldo o la pensión? Quienes conocen el funcionamiento de la política advierten que un Estado de Partidos no puede existir sino a base de polarización y corrupción. Polarización para definir y captar a su público objetivo, corrupción para mantener las redes clientelares en las que se apoya.