Revista Ciudad Nueva

Ahora que conocemos las sentencias

Maximiliano DomÃnguez Romero, Magistrado del TSJA jubilado

En el nÃºmero anterior, cuando sÃ³lo se conocÃa una nota del Tribunal Supremo adelantando el sentido desestimatorio de su fallo sobre la objeciÃ³n de conciencia de unos padres a la asignatura EducaciÃ³n a la CiudadanÃa, me atrevÃ a pronosticar que serÃa una soluciÃ³n eclÃ©ctica. No me confundÃ. Las sentencias del TS dan una parte de la razÃ³n a cada litigante. Por un lado, razonan que la actividad del Estado en materia educativa es obligatoria y su objetivo, entre otras cosas, es asegurar la transmisiÃ³n del entramado institucional del Estado y los valores necesarios para el buen funcionamiento del sistema democrÃ¡tico. Por eso, aunque en circunstancias excepcionales cabe eximir de un deber jurÃdico, no existe el derecho de objeciÃ³n de conciencia con carÃ¡cter general ni es aplicable en materia de enseÃ±anza. En esto dan la razÃ³n a la AdministraciÃ³n educativa. Por otro lado, advierten al Estado que debe ser neutral en lo que a formaciÃ³n moral se refiere, por lo que esta asignatura no puede ser pretexto para adoctrinar a los alumnos con ideas que reflejen su punto de vista en materia moral, cuando no existe un generalizado consenso en la sociedad espaÃ±ola, y la AdministraciÃ³n educativa, los centros o los profesores no pueden, directa o indirectamente, erigirse en Ã¡rbitros de las cuestiones morales. AquÃ dan la razÃ³n a los padres. Los jueces en sus sentencias no deben subirse por las nubes con grandes elucubraciones, pues la ley les ordena que sean claros, precisos y congruentes, y que decidan todos los puntos que hayan sido objeto de debate. Cabe preguntarse si estas sentencias reÃºnen estas caracterÃsticas. Veamos:

Ahora que conocemos las sentencias

Leer más