Revista Ciudad Nueva

Derecho a la objeciÃ³n de conciencia

La sentencia del Tribunal Supremo que niega el derecho de muchos padres a su opciÃ³n de conciencia ante la asignatura EducaciÃ³n para la CiudadanÃa (EpC) ha sido tema de tertulias radiofÃ³nicas y televisivas, y hemos oÃdo comentarios diversos y contradictorios. Quisiera hacer algunas puntualizaciones al respecto. La Ley OrgÃ¡nica de la EducaciÃ³n (LOE), que estableciÃ³ esta asignatura, y los decretos que la llenaron de contenido, se aprobaron sin buscar el consenso entre todos los agentes implicados, lo cual es imprescindible para que toda ley sobre cuestiones importantes perdure en el tiempo; si no, sÃ³lo durarÃ¡ el tiempo preciso para que sea derogada por el nuevo grupo que ocupe el poder. Tampoco se quiso escuchar a las asociaciones de padres, que en noviembre de 2005 se manifestaron en Madrid (sobre un millÃ³n de personas), pidiendo libertad para educar a sus hijos. El Gobierno no atendiÃ³ a estas razones y ha actuado conforme a sus criterios morales y polÃticos. No es de extraÃ±ar, pues, que los que piensan de forma distinta vean en esta asignatura un adoctrinamiento de los niÃ±os, es decir, lo que deben pensar respecto a una serie de cuestiones esenciales de la vida como la familia, la instituciÃ³n matrimonial, el derecho a la vida, la educaciÃ³n sexual, etc. Muchos padres han planteado ante el Tribunal Superior de Justicia de su correspondiente Comunidad AutÃ³noma el derecho de objeciÃ³n de conciencia para evitar que sus hijos sean educados en contra de sus creencias mÃ¡s Ãntimas. Los Tribunales Superiores han dado distintas soluciones, reconociendo unos el derecho de los padres objetores y negando otros el mismo derecho a otros padres. Para salvar esa disparidad y unificar criterios, se recurriÃ³ al Tribunal Supremo, el cual ha resuelto no reconocer el derecho de los padres. La soluciÃ³n parece bastante chocante, porque son los padres, y no el Estado, los que tienen el derecho a decidir cÃ³mo deben ser educados sus hijos. El Estado no puede sustituir a los padres en el ejercicio de este derecho. Por el contrario, estÃ¡ constitucionalmente obligado a apoyarlos. El artÃculo 27.3 de la ConstituciÃ³n dispone que â€œlos poderes pÃºblicos garantizarÃ¡n el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formaciÃ³n religiosa y moral que estÃ© de acuerdo con sus propias conviccionesâ€. Y si los poderes pÃºblicos en general estÃ¡n obligados a garantizar el ejercicio de este derecho, los Jueces y Tribunales tienen un plus de obligaciÃ³n, pues cuando los demÃ¡s poderes fallan, es misiÃ³n peculiar suya tutelar el ejercicio de los derechos e intereses legÃtimos de todos, sin que en ningÃºn caso se produzca indefensiÃ³n, como dice el art. 24.1 de la ConstituciÃ³n.

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