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La vivienda, ¿derecho humano?

Ana Moreno Marín

Hay más de tres millones de viviendas vacías y más de cuatro millones de personas sin hogar o en infraviviendas. 


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«Vivir debajo de un puente», una expresión archiconocida, ¿verdad? Pero demasiado real. Una persona que habita bajo uno de ellos me enseña entre risas y con mucha ironía cómo ha adecuado el espacio para aislarse del frío, la cama hecha, la comida organizada en un pequeño mueble, un camping gas para cocinar y un tendedor para la ropa: «Mi madre me enseñó que no hay excusas para no ir limpio y aseado», explica. Impresiona lo cuidado, limpio y organizado que tiene todo. ¡Cuánta dignidad! Su única compañía, los gatos del otro lado del puente a los que una mujer alimenta habitualmente. Me pregunto quién tiene más derechos… 
Cobra el Ingreso Mínimo de Inserción, 480 euros que le darían para pagar una habitación, pero las que se podría permitir ya las conoce: «Me han picado chinches, pulgas, he tenido problemas de convivencia. A esas no quiero volver. Quiero un lugar digno, que me pueda permitir y en el que no me pidan no se cuántas mensualidades para entrar». A este paso dice que acabará por ocupar.
 

Un derecho inaccesible

El acceso a una vivienda está reconocido como un derecho en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pero en la realidad es papel mojado. En España este problema social ni siquiera está correctamente dimensionado. El INE cifra en 33.275 las personas sin hogar, sin embargo, solo Caritas Española atendió a casi 40.000 en 2019. Y a esa cifra habría que añadir los 4,6 millones de personas que sufren situaciones de inadecuación en la vivienda, según el VIII informe de FOESSA sobre Exclusión Social.
¿Les suena el incendio en una nave abandonada de Badalona el pasado diciembre, verdad? Tres fallecidos en una fábrica en la que malvivían cerca de 200 personas. Es sólo un ejemplo que debe hacer «saltar las alarmas» afirma Enrique Domínguez, responsable de Personas Sin Hogar de Caritas Española. «Hay que salir de la culpa o el dedo señalador y ponerlo en la responsabilidad colectiva. Algo tiene que cambiar, los más desprotegidos tendrían que tener más atención», añade.
Para Enrique estamos ante la mayor exclusión que puede sufrir una persona: «Es mucho más que no tener un techo, es no disponer de un hogar donde protegerse y desarrollarse como persona». Sabe de lo que habla, como trabajador social ha vivido de cerca esta realidad durante años.
 

La ausencia de vivienda social

Lo más sangrante es que en nuestro país hay cerca de 3,5 millones de viviendas vacías de las que –atención– 13.504 son viviendas protegidas de las administraciones públicas, según cifras del INE de 2011, las últimas disponibles. Es evidente que España carece de un parque de vivienda social de alquiler, pero es que además el Defensor del Pueblo asegura que somos uno de los países de Europa con un porcentaje más bajo con sólo un 1,5% del total del parque de viviendas.
Desde Caritas Española, con 400 recursos como albergues, casas acogida o pisos, piden que no haya más desahucios sin alternativa habitacional. En 2019 se produjeron seis cada hora. Además reclaman una Ley Estatal de Garantía de Acceso a la Vivienda, planificada y organizada con los Servicios Sociales y el resto de ministerios. Enrique Domínguez ve con buenos ojos que se regule el precio del alquiler aunque sea un asunto controvertido: «Siempre se ha entendido la vivienda como un bien de especulación, pero no entendemos que es un derecho humano y que muchas personas se están quedando en la periferia del sistema por no poder acceder a ella», explica.
 

Los olvidados del sistema

Imagínense ahora a aquellos que quedan fuera de cualquier recurso, sea público o privado, los que no cuentan con ningún aprecio social y que «ya no creen ni en su propia dignidad». Con estas personas se encuentra a diario Nacho Suárez, miembro del Movimiento de los Focolares en Sevilla. Les lleva café todas las mañanas y las noches que puede también se acerca sin pretender nada más que darles compañía. «No están en ningún escalón social, porque la suya es una escalera que baja al infierno», explica. Ha contactado con 23 personas en cuatro calles del centro de la ciudad, un ambiente inhóspito y peligroso visto desde fuera. De hecho, excepto la policía, nadie se acerca. Nacho me cuenta historias como la de Diego, que desde que nació ha estado «respirando droga», el negocio familiar. A los 16 años, en una pelea con bandas latinas, se defiende y mata a dos personas. En Madrid podrían matarle y a sus 29 años está en Sevilla sin contactos, ni experiencia profesional.
También hay menores venidos en pateras que cuando cumplen 18 años «tienen que dejar las instituciones, sin estudios terminados, sin una profesión ni amparo legal o prestación económica. No tienen nada, solo les queda el cuerpo y tienen que comer. Hay colas de coches esperándoles», se lamenta.
La suya es una relación no hecha de preguntas porque los primeros dos días aprendió a no hacerlas: «Pregunté a un chico de Marruecos por el bocadillo de chorizo que se estaba comiendo siendo musulmán. Cuando hay hambre no hay ni musulmán, ni cristiano, me dijo». También me habla de un matrimonio en el que la mujer es epiléptica y el marido desempleado. La empresa en la que trabajaba cerró por la pandemia y «no pudiendo hacer frente a los pagos, perdieron la casa y desde agosto están en la calle», explica.
Todos se han quedado al margen del sistema y tener una vivienda ya se ha convertido en una utopía: «Deberíamos hacer como en Suecia donde de entrada se les da casa y a partir de ahí rehacen su vida. No se parte del derecho a una vivienda porque haya un proyecto social que les considere dignos de. En España no existe esta conciencia, todo se recibe por meritocracia», asegura.
La relación que ha creado con ellos no ha pasado desapercibida para ciertas personas. La camarera de un bar se encarga ahora de dar café a los que se refugian en una de las calles. Un joven de la capilla a la que Nacho acude a rezar le ha empezado a acompañar en sus recorridos. El director de Caritas Diocesana de esa zona le ha emplazado a una reunión para ver qué recursos pueden poner a disposición de estas personas. De hecho en diciembre, gracias a su ayuda y la de otros miembros de los Focolares, Elis, una de estas personas que viven en la calle, ha podido cumplir el deseo de regresar a su país. Ya se va moviendo algo», explica este hombre de 70 años que prepara con muchísima ilusión un menú de Nochebuena con siete platos para ellos. Asegura que todo surgió sin pretender nada, «solo buscaba reparar la injusticia social que hay, siendo justo con ellos».
A cierre de esta edición el Gobierno del PSOE y Podemos han pactado un decreto que suspende los desahucios hasta el próximo 9 de mayo y que obliga a las autonomías a ofrecer una vivienda alternativa. Un decreto que incluye también ayudas para el alquiler.


La esperanza de vida de las personas sin hogar es de 42 a 52 años, treinta menos que la de la población general. La exclusión por falta de vivienda afecta al 24% de la población, el 60% de aquellas personas que viven situaciones de exclusión, según el informe FOESSA. En Europa, cada noche 700.000 personas duermen en la calle o en un alojamiento de emergencia, lo que supone un aumento del 70% en los últimos diez años, según datos de FEANTSA

 

 

Enrique Domínguez: «Como sociedad debemos cambiar ese imaginario del sin hogarismo asociado a alcoholismo, drogas o a personas tiradas en el suelo. Tenemos que acercarnos personal y socialmente a ellos.  Las administraciones públicas tienen que acabar con el desmantelamiento de la vivienda pública y realizar una estrategia específica con una dotación presupuestaria adecuada para acabar con esta exclusión social».



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