El vocabulario de la pandemia, además de sanitario, ha sido y será económico y político. Esta enfermedad, que no conoce barreras, ha puesto a prueba a unos gobernantes que, pensando en sus intereses, creían poder aumentar su influencia en amplias áreas del planeta con medidas a corto plazo para mantener sus indicadores de bienestar. La crisis sanitaria ha puesto de relieve tres aspectos fundamentales de la política y la economía globalizadas. En primer lugar, que una crisis sin fronteras no se puede resolver con medidas nacionalistas o soberanistas, pues acaban siendo paños calientes cuya eficacia queda desmentida por las cifras del contagio. En segundo lugar, que hay que volver a razonar a largo plazo y prolongar los tiempos de la política, ya que en vez de generar procesos duraderos para el bien común, se ha limitado a ocupar espacios de poder. Por último, la crisis nos está diciendo que el mercado por sí solo no soluciona todo problema económico, sino que se requiere la intervención pública para asegurar el bien común. A esos políticos algo fanfarrones y muy seguros de sus habilidades no los han puesto en ridículo sus electores sino las cifras de la pandemia. La política es un arte delicado en el que los problemas complejos requieren respuestas coordinadas y compartidas.

 

Joan Benach, profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y director de un grupo que investiga sobre desigualdad en la salud, afirma que la Covid-19 «satisface todas las condiciones para ser considerada una “pandemia de desigualdad”». La lista es larga y variable geográfica y socialmente: jóvenes/ancianos, ricos/pobres, acceso o no al sistema sanitario, mundo rural/urbano, acceso o no a Internet, poder trabajar en casa o no, etc., etc. Sobre todo sobresale una desigualdad que ha generado un auténtico problema ético al personal sanitario: cuando los hopitales se ven desbordados, ¿a quién salvamos?