Con la entrada en vigor en enero del nuevo reglamento sobre cooperación para la tutela del consumidor, la colaboración entre la Comisión Europea y las autoridades de cada Estado será más eficaz a la hora de detectar malas prácticas con respecto a los consumidores. Supone una mayor capacidad para identificar irregularidades y poner en marcha medidas eficaces, con el fin de combatir tales prácticas. Las autoridades nacionales competentes en la materia pueden ahora adoptar medidas contra sitios web y cuentas en la redes sociales en las que se haya identificado algún engaño. Pueden también realizar compras con clientes «anzuelo» y así indagar en los flujos financieros con el fin de detectar operaciones deshonestas y fraudes.

 

Esta nueva normativa permite a la Comisión Europea poner en guardia más fácilmente a las autoridades nacionales y coordinar iniciativas. Al mismo tiempo, gracias a un nuevo sistema informático, las organizaciones de consumidores y las de profesionales pueden señalar formalmente las amenazas que surjan en el mercado, de modo que sean utilizadas por la autoridad competente para intervenir.