Surgió hace un año como contraposición a las manifestaciones de algunos partidos y organizaciones de personas con discapacidad sosteniendo la necesidad de cerrar la Educación Especial para crear un único modelo escolar en el que no haya segregaciones. A ello se unió un informe elaborado por un comité de expertos en derechos humanos de la ONU, en mayo de 2018, que concluyó que España mantenía un sistema excluyente: «Dos modalidades separadas de educación no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva basado en el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades», dijo Theresia Degener, presidenta del comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.