El incremento de la esperanza de vida y los problemas de deterioro cognitivo que conlleva la edad avanzada son dos de las circunstancias que están provocando que, en la última década, los juzgados de familia hayan multiplicado como mínimo por cuatro las declaraciones de incapacitación judicial que anualmente tramitan. En la actualidad detrás de la inmensa mayoría de estos casos encontramos diagnósticos de demencias seniles, alzhéimer y otras enfermedades degenerativas.

 

Nuestro Código Civil reguló en detalle ya desde el inicio de su vigencia en 1889 unas figuras de guarda y protección de los intereses de las personas que por determinadas circunstancias físicas o psíquicas no tenían capacidad suficiente para gobernarse por sí mismas, especialmente la tutoría y la curatela.