Ante el cierre de fronteras en los Balcanes, que pone en jaque el principio de libre circulación y ha atrapado a unas 13.000 personas en asentamientos como Idomeni en la frontera entre Grecia y Macedonia, ante el colapso de la gestión migratoria de Grecia e Italia y el ascenso de partidos xenófobos y ultraderechistas en Grecia, Alemania, Francia o Austria, los Veintiocho tratan de detener la llegada de estos «inmigrantes irregulares nuevos». Un eufemismo con trampa, porque la mayoría son «demandantes de asilo», refugiados con derecho a la protección internacional, que huyen para salvar la vida, un bien innegociable que toda sociedad debe proteger y custodiar. 

 

Tras las críticas de ONGs y grupos de acción social, se ha matizado el primer borrador del acuerdo con Turquía, pero quedan muchos interrogantes: cómo garantizar las «evaluaciones individuales» de la demanda de asilo; la coordinación entre Grecia, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y Turquía; el compromiso siempre voluntario de reasentamiento de refugiados; o la futura adhesión de Turquía a la UE que no apoyan todos los socios... Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), recuerda: «Una tragedia de esta envergadura exige una solidaridad que vaya más allá de la financiación». «El futuro de toda una generación de niños está en riesgo», alerta UNICEF. Una de cada tres personas que llegan a Europa es un menor, la mayoría sin escolarizar.