Pequeños empresarios, autónomos y asalariados son víctimas de una crisis forjada por todos.
La generalización de un hábito de consumo desmedido, y otro inversor y productivo descarnadamente especulativo, nos han convertido en causantes y víctimas del daño.
Para afrontar la situación se van a instrumentar medidas contra los menos responsables: futuras madres, pensionistas, personas dependientes, aspirantes a la jubilación, empleados públicos…, imponiéndoles sacrificios que luego, cínicamente, se agradecen. Además se anuncia una reforma laboral que, según no pocos expertos, reducirá derechos sin crear empleo. Medidas todas, en suma, que se prevén poco eficaces y que obedecen a la voluntad de los “señores de los mercados” impuesta a toda la sociedad.
La verdadera fuente de este mal son las conductas financiero-bancarias, intensificadas en España por la actuación de una legión de especuladores inmobiliarios (tanto grandes empresas como pequeños propietarios), que han quebrado el sistema anegándolo de deuda privada e induciendo deuda pública.
Los ideólogos neoliberales aprovechan la situación exigiendo una serie de cambios contra el Estado del bienestar que, de darse, generarán consecuencias sociales negativas. Simultáneamente, los neoliberales pragmáticos practican una actividad financiera agresiva: encubren bajo el nombre de “libertad económica” su interés, dirigiéndose contra los Estados y minando sus políticas sociales. Y esto lo hacen las entidades bancarias que se han beneficiado de ingentes cantidades de dinero público para ser reflotadas.