¿Jueces progresistas y jueces conservadores?
Maximiliano Domínguez*La mayor parte de los ciudadanos hace esta distinción, pero no es acertada.
¿Es acertada la distinción entre jueces progresistas y jueces conservadores? La mayoría cree que sí, pero me van a permitir que, en cuanto conocedor de la justicia por dentro, disienta de la mayoría.
En primer lugar, no todos los que se incardinan en uno u otro grupo actúan de forma homogénea, como se supone deberían hacerlo. Es más, a la mayoría no es posible catalogarlos, porque resuelven unas veces como progresistas y otras como conservadores, según les exige el signo de la ley que aplican. En verdad podemos decir que todos somos, a la vez, progresistas y conservadores, porque todos queremos que progrese el bien y no el mal y conservar el bien y no el mal.
Lo que sucede es que no todos tenemos la misma idea del bien y del mal. Pongo un ejemplo de mucha actualidad: la vida de los seres humanos. Todos consideramos que es el mayor bien, sin embargo unos la defendemos siempre, mientras otros, al mismo tiempo que defienden la abolición de la pena de muerte, aun por crímenes abominables, porque «nadie tiene derecho a quitar la vida a un ser humano», también con el mismo entusiasmo aprueban leyes que posibilitan la muerte impune de miles de niños en el seno materno, con el consentimiento de sus propias madres y la colaboración de profesionales, que en muchos casos lo hacen porque se trata de un pingüe negocio.
Ahora bien, ¿qué culpa tiene el hijo de los posibles errores de los padres? ¿Cómo puede considerarse progreso lo que es un claro retroceso a horrendas situaciones de sociedades primitivas, felizmente superadas? El derecho de una madre gestante no puede consistir en matar al hijo de sus entrañas. Eso es una monstruosidad. Más bien debe comprender todo tipo de ayudas psicológicas y materiales que le permitan superar los problemas que impiden llevar a feliz término su embarazo. Si después de todo no quiere o no puede hacerse cargo del bebé, siempre podrá cederlo en adopción. Así habrá salvado la vida de su hijo, hará feliz a alguno de los miles de matrimonios sin hijos que aguardan desesperadamente esta oportunidad y además habrá contribuido a paliar el grave problema demográfico del envejecimiento de la población.
Mas sigamos con los jueces. Las ideas políticas que personalmente tenga cada uno no debe reflejarlas en sus resoluciones, porque la función que constitucionalmente tiene encomendada el juez no es la de hacer política. Pero como algunos piensan que también se puede hacer política desde la función de juzgar, y de hecho la hacen, resulta más acertado –nos permitirá conocer mejor qué está pasando en la Justicia– dividirlos en jueces políticos (los que resuelven en clave política) y jueces profesionales (los que resuelven según derecho). De modo que la batalla que se libra en algunos tribunales de resolver asuntos que afectan a la política no es, como muchos piensan, entre progresistas y conservadores, sino entre jueces políticos, que flexibilizan las normas en busca de la solución más favorable a la opción política que le es afín, y jueces profesionales, que se oponen a ello por creen que su misión no es hacer política sino resolver con rigor jurídico.
Según la división de poderes propia de las democracias modernas, al juez no le corresponde “crear” derecho nuevo, sino aplicar el establecido previamente por el poder legislativo. El sentido de la política lo marcan entre el poder ejecutivo (al proponer la ley) y el legislativo (al aprobarla) cuando optan por uno u otro contenido de la ley. Pero el poder del juez consiste en obligar a todos a transitar por el sendero de la legalidad, como corresponde a un Estado de Derecho, y si a veces tiene que integrar o complementar una norma incompleta, no puede alterar su contenido y menos aún suplantar al legislador.
El juez está vinculado al imperio de la ley, pero exclusivamente a la ley, lo que le hace ser independiente del poder político. Esta independencia, si es firme y contundente, produce un efecto disuasorio respecto del poder político, que huirá de gobernar y legislar fuera de los cauces legales, sabiendo que, en otro caso, el poder judicial rechazará las normas heterodoxas. Y eso no le agrada a ningún gobernante. Con ello se propicia que la vida política discurra por los cauces de la normalidad y la reconciliación que supuso nuestra Constitución, sin sobresaltos ni bandazos, sino legislando y gobernando para todos y no para media España en contra de la otra media.
En fin, la independencia del poder judicial es de tan suma importancia que, sin ella, no podemos hablar de verdadera democracia. Cuando los poderes ejecutivo y legislativo están en manos del partido que ha obtenido la mayoría de votos, si mantiene también sumiso al poder judicial mediante el sistema de nombramientos de cargos principales, entonces se produce la concentración de todos los poderes en unas mismas manos. Cuando esto ocurre, aunque formalmente estuviésemos en democracia, materialmente sería una dictadura, cosa que espero y deseo no ocurra.
*) Magistrado jubilado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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