En estos momentos de total confusión ideológica, nos encontramos en España con una ley sobre el aborto, que se aplica de forma arbitraria y sin ningún control. Además se está preparando otra ley de plazos del aborto, que supone admitir la impunidad total de la finalización voluntaria del embarazo, que deja en manos de la mujer la muerte intencionada de un inocente, acto injusto y perjudicial tanto para la madre como para el niño, siempre inocente e indefenso, y también muy negativo para la sociedad en su conjunto. La vida del embrión humano, una vida humana en desarrollo, es acreedora de la protección por parte del Estado.
Un aspecto muy negativo, más allá de la probable inconstitucionalidad de la ley, es dotar de legalidad y por tanto de impunidad al aborto voluntario, pues trasladaría a la opinión pública algo tan retrógrado como injusto: entender que la vida humana inocente ya no es un bien sagrado, intangible, sino algo de lo que se puede disponer, y por tanto presentar el aborto como una opción más. La nueva ley vestiría de moralidad lo que, aunque fuera legal, seguiría siendo moralmente inicuo.
El pretendido derecho subjetivo de la gestante, que la habilitaría para destruir la vida del nasciturus sin justificación ni consecuencia penal alguna, sería un retroceso sustancial en la evolución de nuestro derecho penal, que es un bien jurídico, la vida humana, que considera básico, fundamental, irrenunciable e indisponible, por lo que no sólo se castiga con penas severas todo homicidio, sino que hoy se prohíbe la disposición sobre la vida humana a los particulares y también al Estado (derogación de la pena de muerte recogida en la Constitución de 1978).
Los argumentos que se emplean buscando la aprobación de esta ley son todos falsos y en contra de la Constitución. La mejor forma de verlo es estudiarlos aisladamente para descubrir en cada caso sus falsedades, y al final una suma de falsedades no puede ser más que falso y perjudicial para todos, aunque alguno no se dé cuenta del desastre que supone.