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Editorial Ciudad Nueva
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SefardÃes, ¿nuevos españoles?
Jordi MarjanedasMás de 3,5 millones de judÃos podrÃan adquirir la nacionalidad española.
La noticia dada a primeros de febrero por el Ministerio de Justicia ha causado una gran sorpresa. Se trata del anteproyecto de ley, pendiente de su aprobación en las Cortes, según el cual bastará con que una persona acredite su condición de sefardà para otorgarle a él, a su cónyuge y a sus hijos la nacionalidad española sin perder la suya actual. La ley actual ya lo contempla si residen en España por sólo dos años; la novedad es que no será necesario que residan en España ni que pisen nunca suelo español. Las primeras reacciones a esta noticia han sido generalmente benévolas, aunque no ha faltado tampoco la perplejidad. En Israel, la noticia de que 3,5 millones de sefardÃes podrÃan obtener pasaporte español ha despertado un rápido y generalizado interés. Esta cifra no es descabellada y podrÃa superarse, ya que uno de los medios probatorios suficiente para acreditar ser sefardà y, por tanto, conseguir la nacionalidad española son «los apellidos del interesado». Una rápida búsqueda en internet arroja más de 27.000 apellidos reconocidos como sefardÃes, entre ellos el de Sancho o MartÃnez. Otros de los medios probatorios que podrÃan hacer ascender el número de personas con derecho a la nacionalidad es algo tan amplio como «un certificado de la autoridad rabÃnica competente, reconocida legalmente» cuando sólo en Israel hay millares, o tan vago como «cualquier otra documentación que el interesado considere conveniente a estos efectos» (el subrayado es nuestro). Ciertamente, el deseo de establecer una relación de amistad con otro grupo humano, especialmente si en el pasado tal relación no ha sido precisamente modélica, es digna de todo encomio. Sin embargo, el impacto que pueda tener para el futuro de nuestra democracia el que un número potencial tan elevado de ciudadanos israelÃes, de los Estados Unidos o de cualquier otro paÃs tengan derecho a voto en España no es algo baladà y exige una seria discusión en Las Cortes.
