No pocos se hacen esta pregunta. Además, su enunciado, no como interrogante sino como acusación, es tan antiguo como la propia Iglesia. En nuestra historia reciente esta sentencia se oía durante el franquismo, cuando obispos e instancias eclesiales defendían los derechos civiles rescindidos. La pronunciaban los que formaban parte del “aparato” –con poca razón– y también quienes se quejaban –éstos casi siempre con razón– de la excesiva implicación sociopolítica de lo que algunos bautizaron con la discutible expresión “nacional-catolicismo”. Pero este juicio –en línea con el primero de los dos del franquismo– se oye también hoy, cuando la ofensiva laicista quiere relegar la vivencia cristiana a las sacristías, exigiendo que sólo sea tolerable el culto católico, no así la cultura católica.

Diversos documentos más o menos recientes de la Conferencia Episcopal Española abordan directamente cuestiones políticas, como las Orientaciones morales ante la situación actual de España, del otoño pasado, la Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias (2002), o aquellos previos, de similar “revuelo mediático”, que fueron Católicos en la vida pública (1986) y La Verdad os hará libres (1990). En realidad toda la doctrina social de la Iglesia, como magisterio pontificio de alcance universal o como magisterio episcopal de alcance local, aborda directa o indirectamente cuestiones políticas.

La opinión pública católica, y no digamos la de la sociedad en su conjunto, está expuesta a una confusión permanente. Se recurre a supuestos argumentos constitucionales (aconfesionalidad del Estado), socio-culturales (sociedad multicultural) e incluso teológicos (autonomía de las cosas temporales), y hasta exegéticos (“dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”), para contestar no sólo los contenidos de este tipo de documentos magisteriales, sino la licitud misma de su existencia. Y no deja de ser paradójico en un “régimen de opinión”, es decir, en una democracia sustentada sobre la libertad de expresión. En sus últimas “orientaciones morales” los obispos españoles denuncian que «algunos sectores pretenden excluir a los católicos de la vida pública y acelerar la implantación del laicismo y del relativismo moral como única mentalidad compatible con la democracia».

Sin entrar en las formas que han servido de cauce para ese mal llamado “entrometimiento”, vinculadas a las fórmulas de lo que hoy llamamos “relación Iglesia-Estado” a lo largo de la historia, el hecho es que los sucesores de Pedro a la cabeza de la Iglesia, y los sucesores de los apóstoles a la cabeza de cada Iglesia particular en comunión con los primeros, nunca han dejado de anunciar y promover las iniciativas políticas que defienden la dignidad humana, la justicia y la paz social, o la libertad religiosa. También han denunciado, cuando era necesario y oportuno, las políticas contrarias a estos principios. Y nunca han considerado que esto entrase en contradicción con lo de “mi reino no es de este mundo”, sino que formaba parte del “poner en libertad a los oprimidos”, o de “el Reino de Dios está ya entre vosotros”; o, en palabras de los padres de la Iglesia: “nada humano es ajeno a la mirada cristiana”, o “la gloria de Dios es la vida del hombre”.

Citando a san Agustín, dice la constitución Lumen gentium del Concilio Vaticano II que «La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios», lo que supone, entre otras cosas, «descubrir fielmente, aunque entre sombras, el misterio de Cristo en el mundo». Precisamente este discernimiento es lo que identifica la mirada cristiana, no tanto de la Iglesia hacia sí misma, sino de la Iglesia en medio de los avatares del día a día, de los acontecimientos humanos, sociales, culturales y también políticos. Se trata de un discernimiento necesariamente “entre sombras”, y por tanto aproximado, pero necesario.

Este discernimiento tiene, sobre todo tras el Concilio Vaticano II, dos ámbitos de realización: el de los pastores y el de los fieles. A los pastores corresponde al marco general de la definición de los principios morales correspondientes a la doctrina social de la Iglesia, así como la permanente orientación moral, que necesariamente incluye un juicio sobre las situaciones y decisiones políticas que comprometen aquellos principios morales. Es el caso habitual de las valoraciones morales sobre propuestas legislativas, o el de la defensa del pueblo cristiano y no cristiano ante casos de abusos de poder.

Por otro lado está la misión de los laicos, que según la Lumen gentium está vinculada al saneamiento permanente de las estructuras sociales, impregnando «de sentido moral la cultura y el trabajo humano», con el fin de dilatar el Reino de Dios entre los hombres como «reino de justicia, de amor y de paz».

En ambas misiones, pero de modo diverso, ha de interpretarse el principio conciliar de la «autonomía de las cosas temporales». Para los laicos esta autonomía significa la búsqueda de la armonía –no el equilibrio o el “término medio”, como suele decirse– entre sus derechos y obligaciones como miembros de la comunidad eclesial y a la vez de la comunidad social y política, y la necesaria heteronomía de la conciencia cristiana, que no es ajena a ninguna realidad humana y social, ya que, como dice el mismo texto conciliar, «ninguna actividad humana, ni siquiera en el orden temporal, puede substraerse al imperio de Dios». A ellos les toca, por tanto, implicarse como miembros de las dos ciudades de las que hablaba san Agustín (la celestial y la terrenal) en la “polis”, es decir, en la política, entendida, en sentido amplio y convergente, como “vida pública”.

No es así para los pastores, que sólo excepcionalmente están llamados a una implicación directa y personal en la actividad política, pero sí en cambio a distinguir, mediante el discernimiento moral de la actualidad política, entre aquellas cuestiones meramente técnicas, cuya vinculación con los principios morales no pocas veces es susceptible de interpretaciones divergentes, y los postulados o decisiones políticas que indiscutiblemente comprometen esos principios. Muchas veces es pastoralmente oportuno valorar públicamente esas decisiones, y desde el punto de vista social no sólo es legitimo, sino también conveniente y plausible, por que con ello se enriquece el debate plural de la opinión pública, dado que son indiscutibles líderes de opinión.

Conviene entender bien la referencia a las cuestiones “meramente técnicas”, porque su autonomía no está determinada por la complejidad o especialización de las mismas, sino por la ausencia de relación relevante entre los principios morales y la pluralidad de opciones, procedimientos y métodos de actuación política. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Española, según su última instrucción pastoral, puede «denunciar las injustas diferencias entre las distintas comunidades autónomas» y «abogar por el disfrute equitativo de los dones de la naturaleza», como es el caso del agua. Siguiendo con el mismo ejemplo, puede que el obispo de una diócesis se una a la indignación de sus fieles si una determinada política de reordenación de los cauces hidráulicos perjudica gravemente el abastecimiento de agua de su región. Pero –y seguimos con el agua– raramente ese mismo obispo cuestionará los pormenores concretos de un plan hidrológico, porque la oportunidad para el bien común de una ley como esa, sometida a una combinación de variables innumerables, es propia del juicio moral de profesionales expertos y de políticos prudentes que busquen el bien común sin comprometer la autoridad de una unívoca interpretación moral de dicho plan.

Los pastores de la Iglesia, en virtud de su misión de enseñar y guiar al pueblo cristiano y defender a todos los hombres de las insidias del maligno, no tienen ningún reparo en denunciar públicamente leyes que contemplan aspectos técnicos complejísimos, como son todos los textos legislativos sobre investigación biomédica, cuando éstos, independientemente de sus aspectos variables, atentan en su conjunto y directamente contra la vida y la dignidad humanas.

La libertad de los obispos como ciudadanos para manifestarse cuando y como quieran desde sus púlpitos, por los medios de comunicación o en la misma calle, es fundamental en una sociedad como la nuestra, no sólo porque su autoridad moral es reconocida por una mayoría que se confiesa católica, sino porque, aunque no fuese así, sin la universalidad de este derecho no hay democracia, de modo que nadie pondría en duda que lo que se pretendía era «excluir la influencia del cristianismo en nuestra vida social». Y esto, según han señalado los mismos obispos en sus “orientaciones morales”, sería «un procedimiento autoritario, una grave mutilación y una pérdida deplorable».