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Agosto - 2009


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LEYES

José Fernández del Moral


Compras por internet

¿Quién, entre los usuarios de internet, no ha comprado un producto o contratado un servicio? Hoteles, viajes, telefonía, libros, música... son las adquisiciones más habituales. Al principio, por desconfianza a la novedad, las cantidades eran pequeñas, pero a medida que nos hemos acostumbrado, los importes son mayores. Y como todo en este mundo, cuando sale bien, es sencillo, cómodo y rápido; pero si surge una dificultad, entonces se echa de menos el no tener un establecimiento físico al que dirigir nuestra queja. En España, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico aporta seguridad en estos casos. En ella se fijan las obligaciones de las empresas que operan por la red establecidas en cualquier estado de la Unión Europea, o fuera de ella pero que específicamente se dirijan a nuestro país. Entre otras cosas, ha de constar en sus páginas web sus datos identificativos, así como información suficiente sobre la contratación y condiciones generales y deben enviar confirmación una vez comprado algo. La ley establece que los derechos de consumidores y usuarios reconocidos por la legislación también son aplicables al ámbito de las compras por internet. De ahí que estemos protegidos por la ley al realizar compras a distancia: deber de informar sobre el producto, su funcionamiento y características básicas; deber de aceptar nuestra renuncia durante los siete primeros días, etc. Muchos problemas de este tipo de contratación provienen de las incidencias cuando ya hemos pagado y, tras enviarle un correo electrónico u otra comunicación a la empresa quejándonos, no recibimos una respuesta satisfactoria. En ese caso no hay más remedio que aguantarse o reclamar a la empresa titular de la página web. Y muy a menudo pensaremos que, si tenemos que reclamar judicialmente, nos va a salir más caro el collar que el perro. Si bien es cierto que cada uno deberá plantearse si le merece la pena reclamar, según la cuantía, para decidir-se conviene conocer algunas ventajas. Una muy importante es que los tribunales españoles mayoritariamente reconocen que para demandar a una empresa prestadora de servicios por internet, aunque sea una intermediaria, lo podemos hacer en los Juzgados de nuestra residencia, lo cual nos facilita enormemente las cosas. En segundo lugar, las reclamaciones cuyo importe no supere los 900 euros podemos hacerlas sin necesidad de abogado ni procurador. Bastará con presentar en el Decanato de los Juzgados de Primera Instancia que nos corresponda un escrito encabezado con nuestro nombre y datos personales explicando con orden, claridad y concisión qué reclamamos y por qué, adjuntando la documentación que lo justifique. El juez nos citará a un juicio al que acudiremos personalmente junto a la otra parte, y ambos expondremos nuestras peticiones. Esta circunstancia es muy ventajosa ya que, para comparecer al juicio, la empresa debe enviar a un representante, casi siempre acompañado de un abogado, y muchas veces eso le saldrá más caro que acceder a nuestra petición. Como es un procedimiento en que no vamos asistidos de abogado, los jueces normalmente se muestran flexibles con los formalismos y mediante preguntas a los asistentes, tratan de hacerse una idea de lo sucedido, teniendo en cuenta que la parte más débil es el consumidor. Tras el juicio se dictará sentencia dando la razón a uno, a otro o a ambos en parte. Si no nos la dan, nuestra única preocupación será que pueden condenarnos a pagar las costas judiciales, pero éstas son inexistentes en casi todos los supuestos. Sólo en caso de que le den toda la razón a la empresa y ésta haya asistido al juicio con procurador o abogado y no esté radicada en nuestra ciudad, tendremos que pagar unas costas que ascenderán, como máximo, a la tercera parte de la cantidad que reclamábamos. Conociendo estos datos es cuestión de echar cuentas y... a lo mejor no es tan descabellado reclamar. fdelmoral@eresmas.com


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