En 2020 se cumplieron los 50 años de un hito en la solidaridad y cooperación entre países ricos (Norte) y pobres (Sur). Se trata de la solemne decisión tomada en la Asamblea General de Naciones Unidas según la cual, a partir de entonces, los países más ricos del mundo (dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE) deberían transferir cada año a los países más pobres, de diversas formas y con los correspondientes y rigurosos controles y auditorías, el equivalente al 0,7% de su PIB.

 

El conjunto de los países ricos, que conforman el Comité de la OCDE para la Ayuda al Desarrollo (CAD), actualmente aportan el 0,31% del PIB, con lo que para llegar al objetivo del 0,7% tendrían que conseguir multiplicar tal cifra por más del doble. Pero las diferencias entre los países donantes son significativas. Mientras algunos cumplen con creces, como Suecia (1%), Dinamarca (0,9%) y Reino Unido (0,7%), otros, como España (0,18%) y Estados Unidos (0,16%) no llegan ni siquiera al 0,2%. El caso de Estados Unidos es significativo pues sus gobernantes suelen comentar ser el país con mayor aportación, ofreciendo el dato absoluto de 35.000 millones de dólares, pero ocultando el importante dato de que, en términos relativos a su PIB, resulta ser uno de los países con menor aportación.

 

Evidentemente la Ayuda Oficial al Desarrollo ha de formar parte de los Presupuestos Generales de los Estados que conforman el CAD, por lo que los países que más donan suelen ser aquellos con mayores Ingresos Fiscales respecto a su PIB. Suecia, el mayor donante, tiene una presión fiscal del 42,9%, mientras que en Dinamarca, el segundo mayor donante, es del 46,3%. España, uno de los países donantes a la cola, tiene uno de los menores datos de presión fiscal de la OCDE, un escaso 34,6%. Resultan significativos los casos de Reino Unido y Alemania, pues el primero, con una presión fiscal del 33,0%, consigue el objetivo del 0,7%, mientras que Alemania, con una presión fiscal del 38,8%, un poco superior a la de España, consigue destinar a la Ayuda al Desarrollo el 0,6% de su PIB.

 

¿Por qué no cumplen los países ricos con el solemne compromiso, que renuevan año tras año? El tema tiene su complejidad. Una explicación tiene que ver con algo que ocurrió exactamente una década después de la solemne Declaración de Naciones Unidas de 1970. En 1980, con Ronald Reagan presidente de Estados Unidos y la elección de otros líderes mundiales, como la Primera Ministra Thatcher en el Reino Unido, se impuso una corriente de pensamiento económico neoliberal, en las antípodas del pensamiento económico mayoritario en los años 70, según la cual, y en palabras del propio Reagan, «los gobiernos, y sus políticas económicas intervencionistas, son parte de los problemas económicos, en vez de ser parte de su solución». Ese año Reagan introdujo en el debate la denominada teoría de Arthur Laffer, según la cual un descenso de los tipos impositivos en un país podría provocar un incremento de la recaudación fiscal. Lamentablemente, durante estos 40 años, tal teoría nunca se ha podido contrastar empíricamente, pues las reducciones de impuestos siempre han provocado bajadas en los ingresos fiscales de los países que han acometido tales políticas.

 

Por supuesto que el objetivo es difícil. En un país como España, por ejemplo, donde debemos elevar el gasto público para llegar a niveles de pensiones, educación y sanidad públicas similares a los de nuestros más importantes socios comunitarios, y donde, por compromisos con la OTAN, deberíamos incrementar nuestro gasto militar hasta el 2% de nuestro PIB (por no hablar de otras importantes necesidades como el gasto en Investigación, Desarrollo e Innovación, I+D+i, que no llega ni al 1,2% del PIB), resulta obviamente difícil  introducir en los Presupuestos Generales del Estado esa cifra estipulada del 0,7%, que en 2021 debería acercarse a 7.700 millones de euros.

 

¿Qué se puede hacer? Por un lado, reavivar entre todos la lucha, venida a menos últimamente, para cumplir con el compromiso internacional, en España y en el mundo, y llegar a ese mínimo del 0,7% en Ayuda Oficial al Desarrollo. Otra importante cuestión sería luchar contra el fraude fiscal, difícil de cuantificar en nuestro país, pero actualmente alrededor de 40.000 millones de euros, equivalente al 3,5% del PIB. Esto último, siguiendo, entre otras, las fuertes críticas que el papa Francisco dedicó en 20202 a los defraudadores fiscales, que evaden el pago de impuestos o lo eluden.

 

Evidentemente es una cuestión de prioridades. Otros países cumplen. España, que tanto se ha beneficiado en el pasado de diferentes programas de solidaridad europeos (Fondos de Desarrollo Regional, Fondos de Cohesión, etc…), debería hacer el esfuerzo de llegar, cuanto antes, y como mínimo, a ese 0,7%. Un esfuerzo importante se hizo entre 2005-2010, llegando al máximo histórico de Ayuda al Desarrollo del 0,46%. En cuanto la situación económica mejore, tras la crisis provocada por la Covid-19, resultará necesario volver a aquella tendencia y cumplir con holgura nuestros compromisos internacionales de solidaridad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:  Imagen aérea de Ciudad del Cabo (Sudáfica), del fotógrafo estodounidense Johnny Miller. Pertenece a la serie Escenas de Desigualdad, con la cual el autor muestra que la desigualdad Norte/Sur con frecuencia se da en un mismo lugar.