Cuando, al debatir sobre el derecho de las familias a la educación de sus hijos, se apela a la propiedad de los padres sobre los hijos, a la homofobia de los padres, o simplemente se acusa, no resulta difícil intuir el deseo de enturbiar más que aclarar. Y está claro que ningún padre o madre se oponen a que sus hijos asistan a charlas impartidas por miembros de la Cruz Roja, personal sanitario, médicos, bomberos o policías, entre otros. No es esta la cuestión.

La propia legislación educativa establece entre las competencias del Consejo Escolar proponer, entro otras, iniciativas que favorezcan la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres, la igualdad de trato o la prevención de la violencia en todas sus facetas. Nuestros chicos y chicas necesitan que la escuela ofrezca formación e información en estos temas; y así se debe llevar a cabo. 

 

Ahora bien, nuestros niños y adolescentes son un material muy sensible (permítaseme la ligereza) y como educadores y legisladores debemos tener esto en cuenta siempre. Cualquier intervención educativa tiene, ineludiblemente, repercusiones para el futuro de la persona, y en esas edades tempranas mucho más. Cualquiera que sea el contenido que se aborda y la metodología que se usa debe hacerse desde el rigor pedagógico, el tacto educativo y, por supuesto, desde esa honestidad de quien se sabe y siente verdadero educador. 

 

La ligereza, la inconsciencia, la incompetencia o, mucho peor, la intención de adoctrinar, constituyen graves pecados sociales, por acción u omisión. Y mucho más en cuestiones relativas a la afectividad y otras similares. 

 

Debemos hacer una reflexión seria sobre si ciertos temas se abordan en la Escuela desde una perspectiva exclusivamente educativa, con todo lo que ello conlleva y las restricciones y cautelas que el hecho educativo comporta, más allá de los sesgos ideológicos. 

 

En el otro polo de la cuestión hay otro matiz muy importante, que creo no ha sido tratado desde las diversas perspectivas que ofrece. Me refiero al derecho y la responsabilidad de las familias a educar a sus hijos. Un mandato ético que presenta dos caras: derecho y responsabilidad. Todos (todas las personas de buena voluntad) estamos de acuerdo en que la Escuela no puede ni debe sustituir a la familia. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto delegamos en ella ciertos temas porque no podemos (o no queremos) formarnos. 

 

Es algo trascendental. Debemos afrontar el riesgo de formarnos y, sin sustituir a los expertos honestos (de los que hay muchos), abordar en familia ciertos temas. Es nuestra responsabilidad. Y si no lo hacemos, estaremos incurriendo en una grave falta de omisión. Un buen amigo, abogado y experto en legislación educativa, ha escrito un artículo tan interesante como esclarecedor sobre este asunto1. En uno de los párrafos afirma: «La función primigenia de educar corresponde por tanto a los progenitores, como derecho y como obligación. Que el Estado ponga los medios para ello o garantice que se cumpla esa obligación de educación en una enseñanza básica no justifica que sustituya las decisiones de los padres».

 

Dicho queda. A partir de aquí nos toca a nosotros. Este es nuestro verdadero y auténtico PIN, nuestra obligación y nuestra responsabilidad.

 

 

 

1) http://enlibertadeducacion.es/wp-content/

uploads/2020/02/Informe-Pin-parental.pdf