Gestación por sustitución, subrogación o vientre de alquiler son las distintas denominaciones de una práctica ilegal en España. Las asociaciones de padres subrogados lo definen como «una técnica de Reproducción Asistida Humana en la que una mujer hace donación de la capacidad gestacional de su útero». Las empresas que realizan estas prácticas añaden que «una vez se produce el nacimiento, la madre gestante no tiene derecho alguno sobre el recién nacido».

 

Sin embargo, según la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, estamos ante una grave violación de los derechos y la dignidad de mujeres y menores: «Una forma de explotación reproductiva de las mujeres que convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial», pues se vulnera el derecho de los menores a conocer su origen ya que en los trámites de registro del bebé se trata de anular cualquier relación con la madre gestante. Esta entidad, junto a otras ONG españolas, ha lanzado una campaña internacional contra esta práctica que ha recibido el apoyo de 250 organizaciones feministas de 18 países. «La capacidad de gestar y llevar un embarazo a término de las mujeres no es una técnica reproductiva».

 

La cuestión es de gran calado ético y moral. ¿El deseo de ser padres o madres de bebés con material genético propio es un derecho? Para Nuria González, abogada especialista en Derechos Humanos, hay una premisa clara: «Los bebés una vez nacen tienen unos derechos fundamentales que se tienen que respetar, y las personas no se pueden comprar, vender o regalar. Si basamos todo en que si es mi hijo, puedo hacer con él lo que quiera... Entonces, también podría regalarlo o venderlo cuando tenga 4 o 15 años».

 

Los defensores de esta práctica alegan que se trata de gestaciones altruistas. Así, la asociación Son nuestros hijos defiende que los avances científicos en reproducción «no pueden, ni deben, ser usados como un bien comercial y que su objetivo no es la generación de bienes dinerarios, sino permitir el adecuado desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos que todo ser humano tiene».

 

Algunos psicólogos apuntan que la gestación subrogada «óptima» es aquella en la que la mujer gestante no tiene ningún vínculo genético con el niño, en la que el óvulo y el esperma son de donantes. Nuria González también es crítica en esto y cuestiona un método que somete a una mujer sana a tratamientos de fertilidad que no le son necesarios. «¿Qué ética médica funciona en estos casos?», se pregunta, y añade que este mercado ofrece a los futuros padres la elección de sexo, pruebas genéticas y toda una serie de prácticas médicas prohibidas en Europa.

 

Nuria acaba de publicar el libro Vientres de Alquiler (Ed. Lo que no existe, 2019) y asegura que no existe la donación altruista, detrás de la gestante siempre hay una necesidad económica y una industria que la aprovecha. El libro recoge el caso de una agencia que opera en España cuyo contrato sin límite de intentos en Ucrania oscila entre 80 y 95 mil euros, de los que la madre solo se lleva diez mil. «En España hay cerca de una docena de agencias. En la que estuve me dijeron que hacían unos 350 partos al año. Eso solo una agencia, así que calcula... Las asociaciones de padres subrogados dicen que hay más de 1.200 niños inscritos en España por vientres de alquiler», concluye.

 

Recientemente el Tribunal Constitucional de Portugal ha anulado varios puntos de la ley de gestación subrogada por considerar que se vulneran derechos constitucionales, tanto de la madre gestante como del bebé. Por tanto, se une a los diez países que prohíben esta práctica: España, Alemania, Austria, Bulgaria, Francia, Italia, Malta, Suecia, Suiza o Nepal. En catorce Estados se permite la maternidad subrogada altruista, y después están los que permiten por ley la modalidad comercial y que aglutinan la mayoría de contratos: Georgia, India, Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

 

En el caso de los españoles, la mayoría acuden a Ucrania y Georgia. Una treintena de estas familias han sido noticia recientemente porque se han topado con la negativa del consulado español en Kiev de registrar a los bebés nacidos por gestación subrogada. Habitualmente se inscribía al menor a nombre de uno de los cónyuges mediante prueba de ADN, ahora el Ministerio de Justicia ha anulado esta instrucción y ha anunciado que perseguirá a las agencias que ofrecen esta posibilidad a los españoles.

El Ministerio de Exteriores trata de dar una solución a estas familias y  recuerda que desde 2016 viene advirtiendo de los problemas que la gestación subrogada presenta en Ucrania, donde la propia Fiscalía ha abierto una investigación por un posible caso de tráfico de menores.

 

Recientemente, Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley para garantizar la inscripción de los menores nacidos en el extranjero por gestación subrogada haciéndose eco de los problemas que vienen teniendo desde hace tiempo estas familias. La formación de Albert Rivera es partidaria de regular esta «manera de formar una familia». Sin embargo, son muchas las voces autorizadas que ordenan lo contrario. El Tribunal Supremo ya se manifestó en este sentido en 2014 y 2015. También el Comité de Bioética de España ha estudiado en profundidad la cuestión concluyendo que «existen sólidas razones para rechazar la maternidad subrogada. El deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas», recoge el informe. Además, pide modificar la legislación actual para que se consideren nulos los contratos de gestación subrogada realizados en el extranjero. Insta a defender la prohibición universal de esta práctica y cumplir la doctrina del Tribunal Supremo en aquellos casos en los que el bebé ya haya nacido con el fin de no dejarlos desprotegidos.

 

En febrero el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona ha publicado el Documento sobre gestación por sustitución, posicionándose claramente en contra porque produce una instrumentalización o cosificación de la mujer. «No toda relación humana puede ser absorbida por la dinámica del mercado», concluye.