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Septiembre - 2014


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Un nuevo reto para la Educación

Jesús García


Con este curso escolar comienza la primera fase en la implantación de la LOMCE.

Desde la década de los 70 España ha sufrido numerosos cambios en las leyes educativas. En los últimos 44 años se han aprobado siete leyes, aunque han sido tres las que han influido significativamente en la vertebración del sistema educativo: la de 1970, vigente hasta 1990; la LOGSE, que sustituyó a la anterior; y la LOE, de 2006. En abril de 2013 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte elaboró un anteproyecto de ley que, a propuesta del Consejo de Estado, se denominó «Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa» (LOMCE), que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006. No estamos, pues, ante una nueva ley, sino ante la modificación de una ley anterior, lo cual no significa que no haya cambios sustanciales. Evidentemente, ya habrán oído hablar de ella, pues han corrido ríos de tinta en la prensa, riadas humanas en manifestaciones y muchas horas de tertulias en radios y televisiones. Dada su inminente implantación en este curso, nos parece oportuno ofrecer nuestra visión al respecto. ¿De dónde nace la LOMCE? Basándose en los pobres resultados educativos en España según los informes de la OCDE, se llega a la conclusión de que «es necesaria una reforma del sistema educativo que huya de los debates ideológicos que han dificultado el avance en los últimos años». Dicha reforma se plantea tres objetivos fundamentales: reducir la tasa de abandono temprano de la educación; mejorar los resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales, buscando la excelencia del alumno y el aumento de titulados en ESO; mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes. Para conseguir dichos objetivos, la LOMCE pone especial énfasis en desarrollar y potenciar el talento individual del alumno, que «difiere de un estudiante a otro, por lo que es misión del Sistema Educativo reconocer dichos talentos y potenciarlos». Ya esto es una novedad sustancial. Aunque hace referencia a la búsqueda de la igualdad y la atención a los alumnos que presenten dificultades, se pone el acento en la excelencia. Si recordamos, la LOE subrayaba la «atención a la diversidad para conseguir el éxito escolar de todos y conciliar la calidad de la educación con la equidad de su reparto». Ahora la nueva ley enfatiza la competitividad, la movilidad social, la integración y la empleabilidad frente a la función social de la educación que la LOE, al menos en el papel, subrayaba con los principios de equidad, inclusión, cohesión social y ejercicio de la ciudadanía democrática. ¿En qué principios se fundamenta? Para no perdernos en el laberinto de terminologías y tecnicismos de sus 157 artículos y 51 disposiciones adicionales o transitorias, resumo brevemente los cuatro principios básicos que sustentan esa mejora en la calidad que da nombre a la ley: mayor autonomía de los centros, evaluaciones externas, racionalización de la oferta educativa y flexibilidad de las trayectorias. Estos cuatro principios responden al planteamiento básico expuesto más arriba: buscar la excelencia por encima de otros criterios. Así, por ejemplo, respecto a la autonomía, propone que cada centro identifique «sus fortalezas y las necesidades de su entorno, para así poder tomar decisiones sobre cómo mejorar su oferta educativa y metodológica». Según el texto de la ley, «la autonomía de los centros es una puerta abierta a la atención a la diversidad» y «abre nuevas posibilidades de cooperación entre los centros y de creación de redes de apoyo y aprendizaje compartido». Es importante reseñar que por la nueva ley el consejo escolar pierde su función de órgano de gobierno de los centros (será sólo consultivo) y dicha función pasa a los directores, cuyo proceso de selección se modifica. Algunas novedades Las pruebas de evaluación externas se realizarán al finalizar 6º de Educación Primaria, 4º de la ESO y Bachillerato. Es significativo que dichas pruebas serán diseñadas por el Gobierno Central y servirán de puerta de acceso al nivel superior, así como de informe a familias y centros y como instrumento para realizar cambios o propuestas de mejora. Se dispone que 4º de la ESO sea un curso en el que los alumnos deban elegir entre un itinerario encaminado hacia la Formación Profesional (FP) o hacia otro tipo de enseñanza más académica. Todo ello se hará mediante diagnósticos y referencias emitidas por profesores, orientadores u otros estamentos orientadores. Junto a los principios enunciados, la LOMCE hace particular hincapié en tres ámbitos: las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el bilingüismo y la FP. Aquí aparece otro elemento novedoso: la Formación Profesional Básica, que constará de dos cursos y está pensada para alumnos de entre 15 y 17 años de 2º o 3º de ESO «con dificultades de progreso». Será gratuita y formará parte de la enseñanza obligatoria, aunque sólo será implantada en los centros que las administraciones educativas determinen. Permitirá adquirir la cualificación profesional mínima y acceder directamente a la Formación Profesional de Grado Medio. Igualmente, permitirá al alumno presentarse a las pruebas oficiales para obtener el título de la ESO. En otro orden de cosas, desaparece de la oferta obligatoria la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que se impartirá en las Comunidades Autónomas que decidan ofertarla, y reaparece en Primaria y ESO la asignatura alternativa a la de Religión. Esta asignatura se llamará, según la etapa, «Valores Culturales y Sociales» o «Valores Éticos». Tanto la asignatura de Religión como su alternativa serán evaluables y la nota contará «a todos los efectos»: para la media del curso, para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación, «como el resto de las asignaturas». ¿Cómo valorar esta reforma? Obviamente, cada cual puede juzgar esta reforma según sus esquemas ideológicos y éticos. Por mi parte, hago una valoración personal, sujeta a una visión particular y específica de la Educación y la sociedad. Como reza el dicho popular, «el papel lo aguanta todo»; o lo que es lo mismo, estamos una vez más ante una declaración de intenciones –muy ideologizada, aunque diga lo contrario–, que por ahora son sólo eso, intenciones. El tiempo dirá si son eficaces o no y, sobre todo, si consiguen esa mejora que enuncia el nombre de la ley. La ley no especifica cómo implementar ciertas modificaciones ni la dotación presupuestaria para llevarlas a cabo. Esto es un mal endémico de nuestras leyes educativas: generan unas expectativas que acaban en frustración por falta de apoyo económico. Plantea una educación altamente competitiva, tanto entre los alumnos como entre los centros, que puede degenerar en una competición excesiva para atraer a los «mejores» alumnos o para acceder a los «mejores» centros, pasando por alto otros valores inherentes a la educación, tales como la solidaridad, la ayuda, la motivación o el apoyo a los menos favorecidos. Hay un planteamiento en la ley, a mi juicio peligroso, que habla de apoyo a alumnos cuya falta de éxito «no sea imputable a la falta de esfuerzo». Ciertas expresiones del Preámbulo de la ley parecen alentar el individualismo en los alumnos a la hora de plantear el aprendizaje, en detrimento de la colaboración u otras formas más cooperativas de aprender. Otra señal de alerta es el papel preponderante que se da a los «estándares» de evaluación frente al escaso papel de los objetivos de aprendizaje. Se corre el riesgo de centrarse obsesivamente en la evaluación más que en un aprendizaje realmente significativo para el alumno. Falta de consenso Creo que, de nuevo, estamos ante una ley con fecha de caducidad pues, al igual que las anteriores, nace sin el consenso exigible a una ley que pone en juego el futuro de nuestros niños y jóvenes. Demos por descontado que, al menor cambio político, la ley será derogada con el consiguiente desconcierto para padres, profesores y alumnos. La Administración Central tiene un papel preponderante en la implantación y diseño de programas. De hecho, algunas Comunidades Autónomas ya han anunciado que no pondrán en marcha la ley. Una vez más, los ciudadanos se sentirán en medio de un «fuego cruzado» entre Administraciones. Pero no todo es negativo en esta nueva ley. Ciertos principios, como la autonomía de los centros, la racionalización de la oferta y los recursos o la búsqueda de la excelencia pueden ayudar, si se aplican desde una perspectiva social y coherente; si no, pueden convertirse en un elemento de discriminación e incluso segregación. Todos estamos de acuerdo en que la Educación en España requería una reforma. Que ésta sea la adecuada es otra cosa. Sólo el tiempo lo dirá. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA LOMCE –Curso 2014-2015: 1º, 3º y 5º de Primaria; 1º de FP Básica; prueba de acceso a la universidad con títulos distintos de Bachiller expedidos en España o en el extranjero. –Curso 2015-2016: 2º, 4º y 6º de Primaria; 1º y 3º de ESO; 1º de Bachillerato; 2º de FP Básica; currículo de FP Grado Medio. –Curso 2016-2017: 2º y 4º de ESO; 2º de Bachillerato; nuevas condiciones de acceso y admisión a FP Grado Medio. –Curso 2017-2018: prueba de acceso a la universidad con título de Bachiller expedido en España.


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