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Mayo - 2008


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Leyes: Parejas de hecho

José Fernández del Moral




E n la sociedad en que nos toca vivir no es raro encontrarse con las uniones extramatrimoniales. Se han extendido tanto que no las podemos mirar como un fenómeno ajeno a nosotros, sino como una situación que posiblemente se plantee en nuestro ámbito familiar o de amistades. Cada cual tendrá su opinión al respecto, pero no estoy seguro de que jurídicamente tengamos las ideas claras. Y esto último, a mi parecer, es verdaderamente importante, porque así podremos ofrecer en ciertos casos algún consejo útil. Es cierto que, ante muchas situaciones de convivencia de hecho, se nota la seriedad de una opción de una pareja que, por convicción, no quiere contraer matrimonio ni religioso ni civil. Pero asimismo es cierto que, a menudo, oigo con tristeza expresiones del tipo: “Queremos vivir juntos, pero sin papeles de por medio que nos aten” o “nuestra relación es algo personal que a nadie más que a nosotros interesa”. Y digo que las oigo con tristeza no sólo porque traslucen cierta superficialidad, sino también por el desconocimiento que entraña de los aspectos jurídico-sociales de esas uniones. En efecto, hay mucha gente que cree que, por no casarse, la relación de pareja y sus consecuencias quedan en el más estricto ámbito privado. Sin embargo eso no es del todo exacto. En España aún no contamos con una ley general que regule las uniones de hecho, pero hay doce comunidades autónomas que han promulgado leyes sobre esta cuestión. Y, sobre todo, la práctica de los tribunales y de la administración pública está modificándose continuamente en relación con tales casos. En muchas circunstancias de la vida se ponen de manifiesto los efectos jurídicos de una convivencia (continuidad en contratos de arrendamiento, posibilidad de pensiones de viudedad, derechos sanitarios compartidos, etc.), pero las sorpresas jurídicas más desagradables se las suele encontrar una pareja en el supuesto de ruptura sentimental. En esos momentos de separación alguno de los convivientes que no se casó –entre otros motivos justamente para evitarse las obligaciones económicas derivadas de un matrimonio– puede llevarse un sobresalto. Y es que hay que tener claro que determinadas obligaciones patrimoniales no surgen del matrimonio en sí, sino de la propia situación de convivencia durante un tiempo. Por ejemplo, aunque los tribunales han asumido que a las uniones de hecho no les deben aplicar por analogía las normas del matrimonio, no por ello el régimen económico de una pareja deja de ser una forma de “comunidad de bienes” que, a la hora de la separación de sus miembros, debe liquidarse jurídicamente. La atribución de la vivienda, la liquidación del patrimonio común, la posible pensión compensatoria entre los miembros de la pareja, las pensiones a los hijos comunes, el ejercicio de la guarda y custodia y del régimen de visitas de los menores, etc. son cuestiones sobre las que habrá que decidir. Y si los miembros de la pareja no llegan a un acuerdo, serán los tribunales de justicia los que adopten las medidas que correspondan. Por tanto, cuando alguien haga referencia a la libertad de convivir sin pasar por formalismo alguno, circunscribiendo su unión al terreno sentimental, podemos aconsejarles prudentemente que siempre conviene informarse para ser conscientes de la seriedad de nuestros actos. Para ello sepamos que las leyes autonómicas sobre uniones de hecho consideran que las consecuencias y efectos económicos de la ruptura de una relación de este tipo pueden ser pactadas previamente, debiendo los convivientes atenerse a tales acuerdos siempre que no sean contrarios a las leyes, ni limitativos de la igualdad de derechos, ni gravemente perjudiciales para uno de sus componentes. Y si no hay acuerdo previo, habremos de remitirnos a las soluciones que la Administración de Justicia ofrezca. Por tanto, es bueno ser consciente de que decidir unirse extramatrimonialmente con otra persona es una decisión sin duda importante en el aspecto personal y sentimental, pero también dotada de un inevitable compromiso jurídico-patrimonial.


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