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Noviembre - 2013


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Las cifras de la vergüenza

Ana Moreno Marín


La tragedia de Lampedusa pone de manifiesto la necesidad urgente de una política europea común y solidaria de inmigración ilegal y lucha contra las mafias.

Mientras pasan los minutos, las cifras aumentan. Unos 300 inmigrantes acaban de ser rescatados cerca de la isla de Lampedusa (Italia). Hace dos días llegaba una barcaza con 150 inmigrantes a bordo, entre ellos 22 mujeres. Y una semana antes, 500 inmigrantes se aferraban a una de las pocas salidas que les quedaba: Europa... Sólo 150 se salvaron; al menos 368 cuerpos han sido recuperados cuando se escriben estas líneas. En Malta encontraban otros 38 cadáveres. El Mediterráneo se ha convertido en una tumba, como reconocía avergonzado el primer ministro italiano, Enrico Letta. Ahora el triple de medios navales y aéreos vigilan las aguas próximas a Lampedusa, pero este drama es de sobra conocido en la zona, donde los pescadores podían incluso ser multados por socorrer a inmigrantes en alta mar. Según datos de Naciones Unidas, unos 1.500 inmigrantes mueren ahogados cada año en el Mediterráneo, la mayor parte en las costas del norte de África. Un drama que ha empeorado con los conflictos en Siria o Egipto y que ha puesto de manifiesto de la manera más cruel posible la ausencia de una política común y coordinada en esta materia por parte de la Unión Europea. Sonados fueron los pitidos que recibió el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, en su visita del pasado 9 de octubre a Lampedusa, una isla de 20 kilómetros cuadrados de superficie y una población harta, dolorida, indignada. Si no llega a ser por la ayuda de sus vecinos, por la acogida en sus casas, por la comida o ropa facilitada, la tragedia sería aún mayor, como han asegurado desde Cruz Roja Italia. Por cierto, ese billete a la muerte cuesta unos 1.600 euros. Todavía hay margen El Movimiento Político por la Unidad lo tiene claro: «Es urgente establecer una política europea de inmigración –sostiene su presidente en España, José Miguel Aguado–. Una política de fronteras común y eficaz que no se centre en poner barreras, sino que evite que los inmigrantes tengan que salir de sus países de origen, promocionando la ayuda al desarrollo y combatiendo las mafias». Mentar la ayuda al desarrollo en estos tiempos de crisis casi parece un chiste de mal gusto. En 2012 el presupuesto destinado a esta partida cayó un 49,7% en España, un 34,7% en Italia y un 4% a nivel de la OCDE con relación al año anterior. Para José Miguel Aguado esta partida no se tendría que reducir. «Hay margen todavía en los gastos de prebendas, los lujos en los parlamentos, y no digamos en el Europeo. Deberían dar ejemplo y recortarse». Para él, se trata de una cuestión de voluntad política. Un primer paso parece que se ha dado. El Parlamento Europeo ha aprobado Eurosur, un sistema para coordinar la vigilancia de todas las fronteras exteriores de la UE, en el que las autoridades de cada país tengan acceso en tiempo real a la información del resto de Estados miembros. Comenzará a aplicarse en diciembre y estará totalmente implantado un año después. El problema no acaba aquí ¿Pero qué ocurre en España una vez que los inmigrantes pisan tierra? Si logran zafarse de las autoridades, comienza para ellos un camino lleno de inseguridad y riesgo de exclusión. Pero lo más seguro es que las autoridades los intercepten y los deriven a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta y Melilla. O a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el resto del territorio español. La situación de los dos CETI llega a veces a ser inhumana. En septiembre pasado, por ejemplo, el de Ceuta quedó abarrotado con 733 inmigrantes, cuando está habilitado para 512. Las fuerzas de seguridad trasladaron a un grupo a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la península, donde según la ONG Pueblos Unidos, «se encierra a personas extranjeras a quienes se va a expulsar del país, en la mayoría de los casos por estancia irregular (carecer de permiso de trabajo y residencia). La estancia irregular es una infracción administrativa, no un delito». Y es que el Estado los reconoce como centros «no penitenciarios» cuya estancia máxima es de 60 días, pero la ONG denuncia en su informe 2012 que en ellos se atenta contra el derecho de los inmigrantes a la información, a la salubridad, a la integridad física... Algunos casos han trascendido, como el de la congoleña Samba Martine1, que falleció el 19 de diciembre de 2011 a los 34 años después de tres meses en el CETI de Melilla y 40 días de internamiento en el CIE de Aluche (Madrid). «En Melilla sabían que estaba gravemente enferma porque se le realizó una analítica al llegar, pero no hay protocolos de derivación médica entre los centros y esa información no se trasladó. Samba acudió hasta diez veces a los servicios sanitarios del CIE, la última el mismo día de su fallecimiento», según la ONG. Pero no es el único caso. Ferdinad fue deportado como si fuera un fardo, explican. «Era su tercer intento de expulsión y lo envolvieron en plástico de embalar de la cabeza a los pies. Iba llorando, derrotado, golpeado por dentro y por fuera, pisoteado en su dignidad. Frustrado en su proyecto vital, dejaba en España a su hijas». O el de Ismael, que vive desde hace años en el País Vasco, tiene contrato de alquiler y está «francamente arraigado», aseguran. Pero la policía lo detuvo y lo internó. El juez falló a su favor, pero la ONG asegura que los ingresos indiscriminados son habituales y denuncian el uso generalizado del internamiento cuando la ley establece un uso excepcional. Principio de solidaridad «Los derechos humanos de los inmigrantes ilegales son los mismos que los de todos los hombres», dice Esther Salamanca, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valladolid. «El problema es que la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a salir y regresar al propio país, pero no a entrar en otro país; mientras que en el Derecho Internacional, los Estados tienen derecho a decidir quién entra y quién no». Y afirma que se produce una doble moral entre el derecho de extranjería y la normativa europea en esta materia. Ahora bien, ella lo tiene claro: «Cualquier solución debe partir del principio de solidaridad. Hay acuerdos de reubicación para distribuir entre los países miembros a las personas que llegan en pateras». Por otro lado, es cierto que con el aumento de los conflictos bélicos, los flujos de inmigración ilegal ahora son mixtos y esto complica aún más la labor. Pero está claro que hay un derecho que está por encima de todo: la vida e integridad de todas las personas sin importar su procedencia. Europa tiene en sus manos un gran desafío y se ha agotado ya el tiempo de mirar hacia otro lado. 1) Informe de Pueblos Unidos 2012: «Atrapados tras las rejas. Informe 2012 sobre los CIE en España» http://www.pueblosunidos.org/ cpu/formacion/InformeCIE2012.PDF


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