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Noviembre - 2013


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La democracia espiada

Alberto Barlocci


Lo sucedido con Edward Snowden, el analista de la CIA que reveló la actividad de espionaje de Estados Unidos a sus propios ciudadanos y a otros gobiernos, alimenta el debate sobre cómo preservar el derecho a la privacidad ante la intromisión del Estado.

El presidente Barack Obama quiso liquidar la cuestión en una rueda de prensa a principios de agosto, pero a comienzos de septiembre el programa Fantástico, que emite el canal brasileño O’ Globo, reveló más datos del espionaje realizado por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas inglesa) sobre las comunicaciones de la presidenta Dilma Rousseff y sus asesores. El episodio suscitó la airada protesta del gobierno brasileño que exigió al mismo Obama explicaciones por escrito. Evidentemente, hay un conflicto entre el interés de la Casa Blanca por buscar enemigos, reales y potenciales, donde sea y como sea, y el derecho a la privacidad de nacionales y extranjeros. En el plano del derecho internacional, no es atinada la queja contra el gobierno de Rusia por haber concedido temporalmente a Snowden asilo político. No hay un acuerdo formal entre los dos países que contemple los casos de extradición, y además la normativa internacional obligaba a Rusia a conceder el asilo político. La principal acusación contra Snowden, la de espionaje político, impedía su extradición. Para Richard Falk, consultor de la ONU y profesor emérito de Derecho de la Universidad de Princeton, se trata «del típico delito político en el derecho internacional y, como tal, normalmente se lo excluye de toda lista de delitos que prevén la extradición». Por otro lado, la actuación de Moscú ha sido idéntica a la que Estados Unidos ha tenido en casos similares. Por ejemplo, Estados Unidos le negó a Italia la extradición de veintiséis agentes de la CIA procesados y condenados por la justicia italiana por haber organizado y llevado a cabo, violando su soberanía territorial, el secuestro de un clérigo islámico en Milán. El sujeto fue trasladado clandestinamente al exterior, donde fue torturado, para luego reaparecer en Egipto con las disculpas pertinentes, ya que mientras tanto se había comprobado que no estaba vinculado con el terrorismo. Otro caso fue el del expresidente de Bolivia, Gustavo Sánchez de Lozada, acusado en su país de crímenes contra la humanidad, quien se refugió en Estados Unidos. A la justicia boliviana se le negó la extradición. Y también en 2005 se le concedió asilo político al terrorista cubano con ciudadanía venezolana, Luis Posada Carriles, acusado de haber provocado la explosión de un avión cubano con diplomáticos venezolanos a bordo. En cuanto al delito del que se le acusa a Snowden, para Obama la divulgación de la actividad de espionaje de la NSA sería un gesto que «no tiene nada de patriótico». La ley, argumenta Obama, está autorizando su labor de control. Sin embargo, la Constitución prohíbe realizar pesquisas que requieran intromisión en las comunicaciones sin mandato nominal. Los mandatos generales, los así llamados general warrant, son considerados inconstitucionales por la jurisprudencia, como subraya una interesante intervención de Jim Kavanagh al cuestionar también la constitucionalidad de la ley que autoriza la actividad de la NSA. El hecho de que el control masivo de comunicaciones privadas se realizara amparándose en el secreto, impidió ulteriores cuestionamientos jurídicos. Sin embargo, varios ex funcionarios de la NSA denunciaron internamente que se veían obligados a realizar una actividad ilegitima, razón por la que sufrieron perjuicios laborales. ¿Qué puede hacer el ciudadano que duda de la legitimidad del comportamiento de la administración de gobierno? Durante su campaña electoral el presidente Obama afirmó que defendería las denuncias de cualquier acción indebida de los funcionarios del gobierno. De este modo, señaló, se limpiaría la pública administración y se rompería con el silencio cómplice que hay en su interior. Obama calificó de «gesto patriótico» tales denuncias. Sin embargo, para evitar nuevos casos de filtraciones de información, no sólo anunció Obama la reducción del 90 % del personal de la NSA, cuyas funciones serán realizadas por ordenadores, sino que el personal remanente que gestionará la tarea de las máquinas lo hará bajo una estricta normativa interna que obliga a denunciar a cualquier colega que realice críticas sobre la actividad que se lleva a cabo. Al mismo presidente de Estados Unidos no se le escapa que existe el problema de la intromisión del Estado en la vida privada de los ciudadanos; tanto es así que en la citada conferencia de prensa sugirió a los que no quieren ser controlados recurrir a futuras tecnologías que preserven la privacidad. El caso es que no hace falta esperar, porque la mencionada tecnología ya existe, pero a su gobierno no le gusta. Coincidiendo con las declaraciones de Obama, dos empresas estadounidenses que habían desarrollado eficaces sistemas de protección de la privacidad tuvieron que cerrar. Una es Lavabit, que creó un sistema de correo electrónico similar a Hotmail o Gmail que ni la CIA ni la NSA pueden descifrar. De hecho, mientras estuvo varado en el aeropuerto de Moscú, Snowden utilizaba este sistema para comunicarse con el exterior libremente. La otra firma, Silent Circle, había desarrollado un programa de telefonía y chat parecido a Skype que no puede ser intervenido e incluso se puede usar en los móviles. En un comunicado dirigido a sus accionistas, el titular de Lavabit, Ladar Levison, dijo que si bien la Primera Enmienda lo ampararía en su derecho a referirse a las presiones recibidas, prefería evitarlo puesto que hay otras leyes que no se lo permiten. Sin embargo, en las circunstancias actuales, Levison considera que no es aconsejable confiar los datos privados a empresas afincadas en Estados Unidos. Es decir, las empresas que no estén dispuestas a brindar a la NSA sus claves de acceso a las comunicaciones de los particulares, tendrán problemas. Y si empresas como Twitter, Facebook, Skype, G-mail, Microsoft, Firefox, Chrome, iCloud, etc., no los han tenido, significa que lo han hecho. Y eso supone que lo que está en discusión es la esencia misma de una democracia.


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