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Julio - 2013


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Un reto a la coherencia

Salvador Morillas Gómez


Reflexiones desde el Derecho sobre la objeción de conciencia.

Corren malos tiempos para las personas con sólidas convicciones éticas. No se trata de una apreciación pesimista dentro del contexto de crisis social que nos rodea, sino de la constatación de un hecho tan real como comprobable: a medida que la sociedad se vuelve más relativista y permisiva, paradójicamente el derecho se vuelve más positivista y formalista, y la rigidez del texto legal se impone con toda la fuerza de la ley (nunca mejor dicho). En este punto no se relativiza nada: el texto positivo se aplica en toda su literalidad, sin dejar resquicio alguno a objeción de ninguna clase, so pena de caer bajo el peso de la coerción legal, con todas sus consecuencias. Aquí sí que se da la tolerancia cero. Los hechos Proviene esta reflexión de una noticia recientemente aparecida en prensa con motivo de la objeción de conciencia de médicos de familia ante el aborto. Los hechos: el Servicio Andaluz de Salud (SAS) exige a los médicos de familia informar y derivar a los pacientes que solicitan la práctica de un aborto. Un grupo de ellos (médicos de familia de Málaga) recurre, pidiendo que se les exima de dicha obligación por motivos de conciencia. Ante la negativa de la Junta de Andalucía se plantea el correspondiente recurso contencioso administrativo, que distintos juzgados de lo contencioso de Málaga resuelven de diverso modo: unos eximiendo a los médicos de dicha obligación, otros considerando que el personal sanitario no puede eludir su “obligación” de información y derivación de pacientes hacia las clínicas abortistas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con posterioridad, se inclina por la segunda de las tesis declarando que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 sólo permite la objeción de conciencia a los médicos que tuvieran que participar directamente en la ejecución del aborto, esto es, ginecólogos y cirujanos, pero no a otros profesionales de la sanidad, como los médicos de familia. El conflicto está servido Los médicos de familia han recurrido ante el Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra sobre este asunto aquí en España, aunque nada impide que el asunto llegue luego ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Era de prever que con la última normativa relativa al aborto (o a la “salud reproductiva”, como eufemísticamente se le denomina en la ley Aído, claramente influida por la denominada ideología de género) se llegara a un trance como el que se está planteando. La configuración legal del aborto como un “derecho” (sic) repugna –obviamente– a muchas conciencias, y con independencia de que a los ojos de muchas personas se trate de una ley ya deslegitimada ab initio, lo cierto es que tiene detrás toda la fuerza de coacción de la norma positiva. Nada tiene de extraño que un médico de familia rechace, por motivos de conciencia, informar a una persona para que practique un aborto, y menos aún derivarla a la clínica donde se disponen a hacerlo. Por eso, la resolución del TSJA es un grave paso atrás en la protección de los derechos fundamentales de estos sanitarios. Aun cuando el derecho a la objeción de conciencia no es absoluto, sí debe ser protegido –en una correcta ponderación– cuando se trata de un tema como el aborto, que afecta de lleno al derecho a la vida, protegido tanto en nuestra Constitución como en numerosas declaraciones internacionales de derechos humanos. Aunque nuestra Norma Fundamental sólo cita explícitamente la objeción de conciencia para el caso de periodistas (art. 20,1) y personas que piden ser eximidas del servicio militar obligatorio (art. 30) «en el marco que fije la ley que regule el ejercicio de estos derechos», sin embargo la objeción de conciencia ha de entenderse reconocida –en un contexto más general– dentro del artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa, ideológica y de culto. Así lo ha reconocido expresamente nuestro Tribunal Constitucional precisamente en la sentencia que pronunció sobre la primera ley despenalizadora del aborto de este país, de 1985, si bien en su razonamiento la objeción iba encaminada a proteger al personal involucrado en la ejecución de un aborto, lo que no es el caso antes mencionado de los médicos de familia, que habrán de esperar al correspondiente pronunciamiento jurisdiccional. Imperativo moral serio No se puede ser ajeno a los peligros que genera el mecanismo de la objeción de conciencia. Ya decía Maritain al final de su obra El Hombre y el Estado que «la objeción de conciencia sistemática es una trágica ilusión, no menos dañosa para la justicia que la obediencia ciega». En efecto, la posibilidad de utilizar la objeción como coartada para la desobediencia caprichosa a las leyes es un riesgo que no se puede desdeñar. Sin embargo una legislación garantista de los derechos humanos no puede eludir un pronunciamiento al respecto, partiendo siempre de la existencia de un imperativo moral serio y solventando la situación mediante una obligada ponderación. Esta es la línea a la que tienden las últimas normas internacionales. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocía expresamente la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y más recientemente, la Resolución 1928(2013) aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre «Protección de los derechos humanos en relación con la religión y las creencias» ha venido a incidir aún más en esta línea de protección de la libertad de conciencia, continuadora –por lo demás– de anteriores Resoluciones, como la 1763(2010) –informe McCafferty–, que recordaba a los estados miembros del Consejo de Europa su obligación de reconocer la objeción de conciencia del personal sanitario. Un plus de responsabilidad Dado lo extenso del argumento no me puedo detener en un análisis más a fondo. Tan sólo no puedo dejar de manifestar que la objeción de conciencia no es exclusiva de los cristianos, obviamente. Todas las personas tienen legítimas convicciones, y su conciencia les impide contravenirlas. Baste recordar el mito de Antígona, excelentemente expuesto por Sófocles. Ahora bien, los cristianos tenemos en este punto un plus de responsabilidad. Dejando de lado, en última instancia, el aspecto jurídico, no hay que olvidar nunca el mandato de Jesús: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» (Mt 22, 21). No han faltado ejemplos en la historia de ello: pensemos en santo Tomás Moro, el patrono de los políticos, decapitado por obrar en conciencia. Lo importante será, pues, arrostrar con las consecuencias de una desobediencia a la ley, si en último término los tribunales no dieran la razón al objetor. Hay que prepararse para tener esa «capacidad martirial» de la que hablaba la última exhortación apostólica Ecclesia in Europa, dado los tiempos que corren. La aceptación social del aborto «es uno de los más graves síntomas de la perturbación moral de nuestro tiempo» (Julián Marías), pero no el único. Por eso debemos estar preparados, pues siempre habrá que «obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hech 5, 29). *Salvador Morillas es abogado, miembro del Centro del Movimiento Político por la Unidad en España y colaborador habitual de Ciudad Nueva.


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