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Mayo - 2013


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Ruptura familiar / Médicos y objeción de conciencia


Ruptura familiar / Médicos y objeción de conciencia

Ruptura familiar Me parece a mí que estas cosas hay que saberlas: mientras en otros países ya se admite que el descenso de matrimonios y la fragilidad de las parejas es un grave problema social, en España seguimos incentivando las rupturas, cuando en realidad son un verdadero problema social. A pesar de las dificultades que ha traído la crisis económica, en 2012 las rupturas han crecido un 2,13% con respecto a 2011, llegando a 127.362, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Es decir que cada cuatro minutos se rompe un matrimonio y ello sitúa a las rupturas como principal problema de las familias españolas, pues detrás de cada persona hay un conflicto por resolver. El divorcio no arregla los problemas sino que los agrava. Entiendo que la ley del divorcio exprés tiene efectos nocivos, y además es esperpéntico que, en vez de amortiguar los efectos negativos de un drama, los acreciente. En 2012 los divorcios fueron 120.056 (94,26% del total de rupturas), frente a 7.142 separaciones. Esto significa que más de 9 de cada 10 rupturas son divorcios, y que las separaciones quedan en mero carácter testimonial. Los datos confirman una situación crítica del matrimonio en España y constatan la urgencia de hacer algo para evitarlo, o al menos amortiguarlo. No es admisible que ante este problema nos quedemos de brazos cruzados. Frente a la cultura de ruptura hay que desarrollar una cultura de reconciliación, y en ello deben implicarse los partidos políticos, proponiendo alternativas que reduzcan las rupturas y amortigüen sus efectos negativos. E. H. Médicos y objeción de conciencia Un reciente documento de la Conferencia Episcopal señala que el proyecto de ley sobre el final de la vida que se está preparando deja las puertas abiertas a la eutanasia. Parece que el texto de la ley deja la puerta abierta a ciertas omisiones voluntarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración. Además, se señalan algunas conductas eutanásicas a las que se daría cobertura legal, como la posible sedación inadecuada, el abandono terapéutico o la omisión de los cuidados paliativos. Por otra parte, este proyecto de Ley de Muerte Digna no reconoce el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia y su filosofía de fondo parece afirmar que una vida carece de dignidad cuando así lo disponga el enfermo e incluso un tercero. No pretendo sentar cátedra, pero cuando me hablan de la eutanasia como un derecho, no puedo evitar pensar que estamos en la época en que a los derechos se les ha dado la vuelta como a un calcetín. Entiendo que haya un derecho a vivir, pero no a morir ni a matar. En consecuencia comprendo que el documento de los obispos subraye que nadie puede dar aprobación para asesinar a un ser humano inocente, ya sea un feto, un embrión, un bebé, un adulto, un anciano o un enfermo. Y se entiende que digan que esta ley «no debe ser obedecida» y que se debe procurar «con todos los medios democráticos disponibles» que no sea aprobada. Leyes como ésta ponen en cuestión a los poderes públicos. Quiero recordar algo que ha dicho el doctor Brian Pollard, tal vez más conocido por su faceta de artista: «Es moralmente indeseable y éticamente malo intentar legislar sobre la supresión de las vidas humanas, inocentes. Toda ley que lo autorice estará sujeta a abusos impredecibles. Es socialmente deplorable y desorientador tratar de promulgar leyes que aprueben la eutanasia». C. F.


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